La disposición del dinero del Presupuesto andaluz destinado a contrataciones públicas forma parte del entramado de poder económico que ha permitido al PSOE intervenir decisivamente en la economía andaluza desde el principio de su gestión en 1982. Este poder se ha ejercido irregularmente favoreciendo a empresas y empresarios afines. Igualmente, desde tal posición, ha sido posible el surgimiento de una casta de políticos-empresarios vinculados al PSOE que defienden los intereses del partido no sólo con su voto y con su influencia particular, sino además en las organizaciones empresariales de las que formase parte. Fue la propia Izquierda Unida la que solicitó que se investigasen las contrataciones irregulares en Andalucía. Este capítulo se centra en tal propósito.
